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Sin Cultura no hay Libertad

En un magnifico artículo de Abel Prieto, publicado hace unos días, 20 de abril de 2019, cita una célebre frase de Fidel: “Toda revolución es hija de la cultura y de las ideas”
La pseudo-democracia española, para poder seguir dominando al pueblo, no educó ni en cultura, ni en ideas al pueblo español. Por supuesto, Abel Prieto no se refiere “solo a la cultura artística, sino de aquella que permite al ser humano entender su entorno, entenderse a sí mismo e instalarse en la realidad a partir de sus convicciones más profundas y razonadas. La ignorancia, la tontería, la frivolidad, deja al ser humano desamparado ante la manipulación.

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Contra la politización de la historia

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Que la historia es un frecuente campo de batalla entre ideologías de diferente tipo es un hecho ya, a estas alturas, más que de sobra conocido. En mi anterior entrada sobre el uso de la memoria histórica en las recientes elecciones generales españolas y en mi columna de presentación ya alerto sobre el hecho de que, actualmente, se está poniendo más de moda que nunca el echar mano de los libros de historia para, de forma totalmente sesgada y parcializada, justificar e incluso engordar los programas de una clase política carente de ideas para el presente y para el futuro de nuestro país y que no tiene más remedio que mirar, a su manera, al pasado.

Estos meses han sido especialmente prolijos en la utilización e introducción de la historia a todos los niveles; desde los partidos políticos, instituciones del estado o autonómicas e incluso academias supuestamente profesionales, se han lanzado a una espiral de utilización de la historia en la que, de una forma aparentemente neutral y objetiva para desentrañar los aspectos del pasado, claramente se emplean los hechos históricos para justificar determinados argumentos.

El último en apuntarse a esta moda ha sido el partido político Ciudadanos que, en su programa electoral, incluye en su punto número 88 del programa electoral esta llamativa afirmación;

“Impulsaremos un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española para incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos. Queremos revertir la interpretación en ocasiones gravosa y negativa del papel que España ha protagonizado en la historia, fomentado en otras épocas por la llamada “leyenda negra”, que ha devaluado injustificadamente la imagen de nuestro país”.

La afirmación es, cuanto menos, inquietante, y máxime teniendo en cuenta la explicación que de ella hace uno de los impulsores de esta medida, Guillermo Díaz, número uno de Ciudadanos al Congreso por Málaga, que ayer mismo afirmaba en la prensa que;

“Lo primero que hay que hacer es informar del diagnóstico, contar cómo España sufre hoy en día las consecuencias de la propaganda de la Leyenda Negra, que incide en nuestra imagen internacional y nos desprestigia. Creemos que tenemos que hacer una labor didáctica interna para que los españoles conozcan los hechos de nuestra historia con mayor profundidad y, por otro lado, una labor externa, con el apoyo del Ministerio de Exteriores, en la que España defienda cuál fue nuestro papel internacional despejando la propaganda. 

Ni Rajoy ni Sánchez tenían pensado hacer nada con el V centenario y Hernán Cortés hace palidecer a Alejandro Magno y a Julio César… pero no me imagino a los romanos dándole la espalda a Julio César. No podemos seguir hablando con complejos ni pedir perdón”.

En sus medidas, no se concreta específicamente muy bien en qué debe consistir ese “plan de apoyo a la difusión de la Historia de España“, si ello va a implicar modificar o alterar el currículo educativo (que ya contempla en las diferentes etapas educativas perfectamente el estudio y conocimiento de los diferentes periodos y sucesos de la historia española) o si se va a limitar, a similitud de lo que exigen partidos como VOX, a un apoyo masivo para la realización de películas de cine sobre periodos históricos afines a determinadas concepciones (reconquista cristiana, conquista y colonización de América, imperio español….) o difusión y promoción de bibliografía que aborde estos periodos históricos. 

Sin embargo, esta ambigüedad con la “difusión de la Historia de España” que no termina de aclarar Ciudadanos, no algo nuevo y una propuesta similar se encuentra también en el punto número 8 del programa político de VOX, que aborda también el tema, proponiendo un;

“Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales”.

Nuevamente, inquieta pensar en qué aspectos concretos va a consistir ese “plan integral” y qué aspectos concretos considera dicho partido que representan las “gestas y hazañas” de los “héroes nacionales”, aunque, a juicio de lo expresado por los líderes de dicho partido, no parece que sea muy diferente a los periodos históricos/cliché ya mencionados más arriba y que parecen ser el epicentro de atención de la nueva recuperación de la historia española para determinadas formaciones y posicionamientos políticos, más interesados en combatir políticamente determinados posicionamientos ideológicos y no tanto en, realmente, difundir, apoyar y promocionar la historia, toda la historia y nada más que la historia, que debería ser realmente el verdadero objetivo no de éstos, sino de todos los partidos políticos del Congreso en un plan nacional y de estado de protección, despolitización, y difusión de la historia y del patrimonio histórico español, constantemente olvidado o expoliado cuando ello no genera un rédito electoral en votos.

Sin embargo, no han sido únicamente, ni mucho lejos, determinadas formaciones políticas conservadoras las que, en los últimos meses y se años se han lanzado a un cuestionamiento y reinterpretación de la historia afín a determinada óptica. Instituciones públicas y privadas de toda índole en todo el territorio nacional no han ido muy a la zaga de esta “recuperación” de la historia.

Recientemente, en un artículo en El País, el historiador y escritor español José Álvarez Junco afirmaba que “los historiadores deberíamos estar hartos de que nos utilicen. La función de la historia es conocer el pasado. Investigar, recoger pruebas, organizarlas según un esquema racional y explicar lo que pasó de manera convincente. Y punto” y afirma que por el contrario “lo que nos piden es un relato épico útil para construir identidades, y nos lo piden los más poderosos, los dirigentes políticos”, y es que “lo rentable políticamente son los mitos, que hacen votar”.

Al mismo tiempo, a lo largo de este año 2019 , se han producido una serie de debates sobre la conveniencia o no de rememorar los 500 años de la Expedición Magallanes-Elcano de circunnavegación de la tierra (generándose una controversia entre las academias de historia oficiales de España y Portugal acerca de la “titularidad” de dicha gesta histórica, rivalizando entre el portugués Magallanes y el español Elcano, y que generó incluso un tenso y fuerte cruce de declaraciones entre académicos de ambos países y campañas públicas bastante bochornosas en determinados diarios españoles destinadas a la recuperación del pasado histórico nacional ), o especialmente los mismos 500 años del inicio de la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés ( evidenciado en las declaraciones del Ministro de Cultural José Guirao para no molestar u ofender a los mexicanos, y especialmente en la carta pública del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador exigiendo al Rey de España una disculpa por la conquista del imperio mexica, contestada a su vez con una virulencia incomprensible y desmedida por parte de determinados sectores intelectuales españoles contrarios a la llamada “leyenda negra” ) que muestran perfectamente cómo se sigue sin ver los hechos históricos y la historia como simple historia para darle constantemente un barniz ideológico y que se resume en las declaraciones de especialistas, como la historiadora y académica Pilar Gonzalbo Aizpuru cuando dice que “la mirada anacrónica impide conocer la trascendencia de los acontecimiento del pasado”, o la historiadora Enriqueta Vila cuando carga contra “el sectarismo y los complejos absurdos que tenemos los españoles de nuestro pasado, el miedo a contar la historia como los documentos nos lo muestran, y no como han querido otras potencias interpretarlos u ocultarlos”.

Al mismo tiempo, desde determinados sectores intelectuales catalanes, no se ha dudado en tratar de reinventar y reinterpretar la historia de una forma clara, evidenciado en el papel que desde hace años vienen ejerciendo instituciones como el Institut Nova Història o el Cercle Català d’Història que, desde hace más de 10 años  tratan, sin fundamento ni rigor documental algunos, de reescribir la historia catalana, sosteniendo posiciones cuanto menos cuestionables como la catalanidad de personajes históricos de primer orden (Colón, Cervantes, Cortés, Vespuccio, Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam…) en una suerte de hegemonización cultural, usando para ello a la historia con una clara intencionalidad política, al mismo tiempo que determinados partidos o instituciones políticas conservadoras pretenden hacernos comulgar con ruedas de molinos y afirmar la antigüedad casi milenaria de la nación española, a la que retrotraen casi hasta la época de los celtíberos y los romanos.

Sin embargo, ese uso de la historia como arma arrojadiza  ha sido el prevalente y no pocos historiadores han escrito acerca de ello. Georges Duby, en su “Escribir la historia”, afirma que “el ejercicio de nuestro oficio se somete a una moral que requiere objetividad, el historiador tiene la obligación de olvidarse, de acallar sus prejuicios, sus pasiones, no tiene derecho de manipular la información, y su mirada debe ser fría e imperturbable”, o lo que opinaba el pensador medieval Ibn Jaldún al afirmar que “la falsedad aflige naturalmente la información histórica, el prejuicio y el partidismo oscurecen la facultad crítica y excluyen la investigación crítica, y el resultado es que las falsedades son aceptadas y transmitidas“, de la misma manera, aunque diferente, que el historiador catalán Pelai Pagés que en su “Introducción a la historia” dice que “aceptar la imposibilidad de la objetividad no implica que sea imposible la rigurosidad”, esto es, no renunciar nunca a la rigurosidad del trabajo histórico aun cuando sea inevitable una mínima subjetividad, o como decía el historiador francés Marc Bloch en su “Apología de la historia”, “cuando las pasiones del pasado mezclan su reflejo con los prejuicios del presentes, la mirada se turba sin remedio”, o Lucien Febvre en su libro “Combates por la historia”, “el historiador no es un juez, la historia no es juzgar, es comprender y hacer comprender”.

Para mí, un historiador profesional dedicado en cuerpo y alma al estudio, investigación y difusión de la historia, la historia debe ser, ante todo respetada. No podemos ni debemos vetar ni censurar el estudio histórico de ningún periodo de nuestro pasado y, dese luego, es tiempo de quitarnos clichés ideológicos; ni estudiar el imperio español o la conquista de América le convierten a uno en derechista, ni difundir episodios históricos como la república y la guerra civil (y en eso el que escribe tiene amplia experiencia e incluso algún libro publicado sobre el tema) le convierten a uno en izquierdista o “guerracivilista”.

La historia, insisto, y como he dicho anteriormente, es la historia. Y así debe tratarse y usarse. Con responsabilidad, y especialmente con respeto. Con respeto a la propia historia, de la que algunos solo se acuerdan en época de campañas y mítines electorales, a los historiadores, investigadores y  profesionales de la historia que se dejan su tiempo, su esfuerzo y su dinero en estudiar, de forma desapasionada en lo ideológico y apasionada en lo vocacional, nuestro pasado histórico y nuestro patrimonio cultural.

Creo, como dije anteriormente, que la historia no necesita de planes ideológicos y enfoques partidistas en programas electorales, no necesita de instituciones que blanqueen o reinventen el pasado histórico ni de España ni de sus regiones, y sí necesita un pacto de estado en lo histórico, como en lo educativo, en el que las formaciones políticas renuncien clara y nítidamente, de forma definitiva, a parcializar y politizar la historia, y se comprometan  a tratarla con el respeto que merece y a difundir, sin prejuicios, vetos ni clichés lo mejor y lo peor de nuestro pasado histórico. Porque en ello, en la historia veraz y total, está, realmente las señas de identidad de lo que somos y de lo que seremos.

 

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Comunidad de Madrid y Ayuntamientos, “Silencios interesados”

En estos últimos meses, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Zona Norte ha mantenido diversas reuniones con responsables de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y al mismo tiempo han trasladado a este organismo y a los Alcaldes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes las más de 4000 firmas que se fueron recogiendo durante el pasado año en apoyo a la Sanidad Pública de nuestra zona, así como ha participado en Plenos de estos ayuntamientos para reforzar las demandas ciudadanas, pero lamentablemente hasta la fecha solo hemos encontrado “”.

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La memoria histórica se cuela en las elecciones

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Por primera vez en más de una década, las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones generales de este mes de abril de 2019 llevan, en alguna medida, propuestas relativas a la memoria histórica, lo cual evidencia que, frente a lo que dicen o quieren hace ver algunas formaciones, la temática de memoria histórica es un elemento que importa e interesa a una parte importante de los españoles

Sin duda los recientes debates en los últimos meses relativos a interpretaciones o re interpretaciones de la historia por parte de determinadas formaciones y el enquistado problema de la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos, así como el ya inevitable debate en torno a la memoria de los represaliados, la reparación y la búsqueda de la verdad de los últimos años ha  provocado que las principales formaciones parlamentarias, tanto de derecha (tradicionalmente hostiles a hablar de dicho tema) como de izquierda se hayan visto obligadas a hablar clara y nítidamente y posicionarse en torno a los debates memorialistas e históricos

Aunque no todos tratan el problema de igual manera, frente a un Podemos que aborda en profundidad y con gran cantidad de medidas hasta un Vox que limita el tema a la mera derogación o la ambigüedad siempre característica en este tema de Ciudadanos, podríamos a gran escala definir dos ejes de acciones políticas con respecto a las políticas de memoria en estas elecciones; un bloque progresista, liderado por PSOE y PODEMOS que, a grandes rasgos, apuestan por profundizar o conservar y ahondar en la política de memoria histórica, reparación, verdad y justicia, y un bloque conservador, liderado por PP y VOX que se mueve entre la reforma o directamente la derogación de dichos aspectos y temáticas.

En el primer caso, como dijimos, el partido que más se compromete en estas elecciones con la memoria histórica y democrática es PODEMOS, que en su programa recoge la memoria histórica tanto a nivel nacional como específica del colectivo romaní y apuesta por;

“Revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del franquismo.

También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares”.

Mientras que, específicamente, introduce la memoria histórica del pueblo romaní y apuesta por crear una;

“Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas….. para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante”.

En el mismo bloque, el PSOE, partido actualmente en el gobierno, autor de la famosa Ley de Memoria Histórica del año 2007 durante el gobierno socialista de Zapatero y objeto de las principales críticas por parte de los conservadores españoles apuesta, de una forma más moderada y limitada, por dar;

“Un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Estado asumirá directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro”.

En el bloque contrario, encontramos a las dos principales fuerzas del bloque conservador que de una forma más abierta han criticado todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática, y que se ha manifestado en la práctica ya con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía salido de las pasadas elecciones autonómicas de finales del 2018 formado por el PP con los votos de Ciudadanos y VOX, que exigió ya desde la campaña electoral  erradicar de una forma total y absoluta a la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada por la Junta de Andalucía hace dos años, y sustituirla por una legislación de “concordia” abstracta, poco clara y aun no bien definida ni por los miembros de VOX ni por el nuevo gobierno andaluz, que ha dejado en el aire qué tipo de nueva legislación va a quedar aprobada, aunque es claro ya su firme compromiso por erradicar, al menos ya en Andalucía toda la legislación autonómica realizada ya en materia memorialista.

En este sentido el más duro de ambos es, como es evidente, el programa de VOX, que se limita a pedir la;

“Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”.

Es decir, una política claramente punitiva y represiva limitada a derogar lo ya realizado sin apostar por una alternativa o un compromiso positivo en lo relativo a materia memorialista e histórica. Por otro lado, el PP, y en este sentido llama la atención por ser la primera vez en 40 años que dicho partido presenta propuestas y medidas en lo relativo a la memoria histórica manifiesta que;

“Aprobaremos una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica. Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles”.

Básicamente, en la misma linea y programa que el PP andaluz de Moreno Bonilla que, sin embargo, no ha definido ni especificado en qué va a consistir esa Ley de Concordia, quien se va a beneficiar, a quien va a atender y en base a qué criterio se puede equiparar a víctimas, quienes se consideran las “otras” víctimas no republicanas cuya memoria y derechos deban ser reparados y que no lo hayan sido ya durante los 40 años del régimen franquista, y qué  se piensa hacer con todo el entramado asociativo creado ya hace más de una década en este país en lo relativo a personas, asociaciones y programas locales y provinciales de recuperación de memoria, fosas, reparación de daños, búsqueda del pasado y la verdad y justicia para los represaliados.

Entre medias de ambos bloques, como decimos, un Ciudadanos cuyo programa aun no queda claro y que nunca se pronuncia con claridad y nitidez en estos temas, por su tendencia histórica a contentar a votantes de todos arcos políticos.

A pesar de ello y del interés mostrado por algunos partidos, la falta de consenso y de una acción conjunta parece que seguirá enquistado un problema, el de la memoria histórica, que no parece tener a corto plazo una solución clara por la falta de coordinación en el tema, como muy bien ha definido recientemente Alberto Reig;

“Si verdaderamente se quiere terminar con esta cuestión, dado que las víctimas de los vencedores las tienen cristianamente enterradas, beatificadas, honradas y recordadas en sepulturas dignas, la solución es bien sencilla: hacer un pacto de Estado entre todos los partidos para que no quede ni un solo español mal enterrado. Entonces acabará definitivamente la Guerra Civil”.

 

En definitiva, y como dije en el primer artículo de la columna, en estas elecciones y por ello en el futuro próximo español que se abre con estas nuevas elecciones, se nos abren dos tipos de propuestas; frente a un bloque progresista pluripartidista que apuesta por mantener, profundizar y ahondar en la memoria histórica de los represaliados, de las víctimas y de los que han padecido por traer los derechos y libertades de los que ahora gozamos en nuestro país, se abre un bloque conservador a dos, principalmente, que se mueve entre la ambigüedad de una “concordia” abstracta e indefinida y entre, abiertamente, un ataque frontal, punitivo, represivo y combativo a todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática y la reparación de los luchadores por las libertades colectivas.

Lo que queda claro de esta campaña es que, por primera vez en 40 años, por primera vez desde los duros años de la transición española en los años 70, la memoria histórica y democrática entra en la agenda política de las fuerzas políticas nacionales, reivindica su espacio en el debate político y parlamentario y evidencia que, al menos de momento, llega para quedarse y manifiesta claramente que el pasado, frente a lo que nos han querido decir en las últimas 8 décadas, importa y afecta a los españoles.

La lucha por la memoria

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Tener memoria histórica nos permite disponer del conocimiento necesario para afrontar el futuro en clave de progreso“. Francisco González Vicente

Que sean mis primeras palabras y mi presentación con esta columna en Esloquehay de agradecimiento y orgullo por la confianza puesta en mi trabajo, mis conocimientos y mi experiencia. Escribir, a día de hoy, una columna periódica en un medio serio, riguroso y responsable como éste, es una gran tarea y una gran responsabilidad, pero es sobre todo, un deber y un compromiso con el presente, y especialmente, con el futuro.

Es, por ello, con una preciosa y precisa frase acerca de la necesidad de la memoria como compromiso para construir un futuro mejor y más justo, tomada de mi predecesor en materia de memoria en esta página, como he decidido abrir esta primera columna de presentación y tratar de explicar por qué es necesario, a mi juicio la memoria histórica y la lucha intensa que es necesario abrir en nuestra sociedad para ella.

En primer lugar, me gustaría explicar, brevemente, qué entiendo yo por memoria histórica, y en ese sentido, por qué es necesario tener una política de memoria presente en nuestra sociedad. 

La historia, además de su papel puramente académico o como herramienta de apoyo a las necesidades humanas, es frecuentemente un campo de batalla de las ideologías más dispares, y frecuentemente su uso se justifica para defender determinados posicionamientos ideológicos, lo que ha provocado que el pueblo en general tenga un punto de vista negativo de la historia como algo parcial, subjetivo y poco fiable.

Recientemente, el auge de determinados partidos ha provocado todo un torbellino de reacciones que han derivado en la historia, al reclamar dichos partidos un mayor peso en la historia de hechos del pasado histórico español, como la reconquista cristiana, la colonización de América  o la época del imperio español, y más recientemente al reclamar un rechazo frontal y absoluto a todo lo relativo a la memoria histórica, plasmado en sus compromisos de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada por la Junta de Andalucía hace dos años, y sus constantes actitudes de desafío a aquellos que llevan años trabajando por recuperar la memoria de las víctimas represaliadas del régimen franquista.

Pero también, cuando les interesa, usando la memoria histórica del periodo republicano para sus causas políticas, tal y como pudimos comprobar hace unos días con la firma de algunos de estos partidos de un compromiso con los sectores más ultras defensores de “la integridad” del Archivo de Salamanca, fondo documental de la guerra civil que entró en polémica durante el gobierno socialista de Zapatero, el cual se comprometió a devolver los documentos relativos a dicho periodo que fueron expoliados a Cataluña (como a todas las regiones españolas) por parte del régimen franquista, y que no supone un compromiso de estos partidos con las justas reivindicaciones memorialistas, si no que esconde una nueva artimaña para alinearse con lo más reaccionario del panorama historiográfico español y utilizar, cuando les interesa, la historia y la memoria para castigar a una parte de la población.

Para algunos, la historia y la memoria la entendemos como la búsqueda y explicación del pasado, una historia que sirva para comprender, una historia que reconstruya el pasado y en resumen una historia que sirva para buscar nuestra identidad y personalidad como colectivo.

Por otro lado, debe ser también la historia algo práctico, un servicio para ayudar a las personas a nivel individual a entenderse a sí mismas y a buscar su identidad como personas dentro de la identidad colectiva como sociedad. En esta tarea, se han empeñado, desde hace más de una década con la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de los diversos Foros por la Memoria, aquellos que defienden y trabajan por una verdadera memoria histórica, desapasionada en lo ideológico, pero pasional en la defensa de la sociedad, y de los derechos de aquellos familiares y víctimas que, desde hace 80 años, han sufrido el olvido, la humillación y el silencio impuesto de forma obligada durante los 40 años de franquismo y de forma “sugerida” durante estos últimos 40 años de régimen democrático.

Y es que, como sabemos muy bien aquellos que llevamos años trabajando en los archivos, pero también con los familiares que sufrieron la represión franquista, la búsqueda de la identidad es una necesidad humana, psicológicamente identificada e históricamente comprobada, y el historiador y la historia, sin manipulaciones, sin manuales preconcebidos o ejes ideológicos fijados, debe jugar un papel central en la sociedad para guiar a los individuos en el camino de poder encontrarse  sí mismos, y solo cuando entendamos la historia de forma desmitificada y racionalizada podremos encontrarnos a nosotros mismos como personas y como sociedad, aceptarnos y convivir entre nosotros.

En nuestro Sanse, algunos entendemos y apreciamos el trabajo hecho recientemente durante estos últimos 4 años de legislatura por parte de los partidos progresistas del Ayuntamiento, de los familiares de los represaliados, de la Comisión de la Verdad, y de la sociedad civil en general en materia de memoria histórica, y que se ha materializado en  el pleno municipal de abril de 2016 con el reconocimiento público a los represaliados del franquismo, la apertura del Rincón de la Memoria en El Caserón, la colocación de una placa homenaje a las víctimas del franquismo en uno de los laterales del Ayuntamiento, la colocación en el Centro Municipal de Formación Ocupacional de un mural conmemorativo dedicado a todos los represaliados víctimas de la dictadura y la contribución, conjuntamente con otros consistorios municipales del norte de Madrid, a la colocación de un gran mural en conmemoración a todos los vecinos del norte de la capital, entre ellos de Sanse, que fueron fusilados en 1939 en Colmenar Viejo y enterrados en una fosa común del cementerio, donde aún hoy en día se encuentran.

Todo ello ha evidenciado que, desde hace 4 años, y es justo decirlo y reconocerlo, a diferencia de lo hecho en las últimas 8 décadas de historia municipal, se han dado grandes pasos en este tema, y que Sanse es ya una ciudad sensible y sensibilizada con las justas reclamaciones de la memoria histórica.

Pero no nos debemos engañar; ante nosotros se abre una amenaza y una lucha futura muy dura que va a amenazar seriamente los derechos de los represaliados y familiares y la existencia misma de la memoria. El incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de forma sistemática por parte de muchos ayuntamientos locales  y diputaciones provinciales en los últimos 12 años, el recorte presupuestario en temas de memoria histórica, localización de fosas y reconversión memorialística de los lugares de la represión franquista por parte de los casi 8 años de gobierno del PP de Mariano Rajoy y las trabas, tirones y dificultades evidenciadas durante el reciente gobierno socialista de Pedro Sánchez, especialmente evidenciado en el tema del Valle de los Caídos, y la oposición frontal de los partidos de la derecha conservadora, nos hacen temer de forma muy justificada que tanto a nivel local en Sanse, autonómicamente en Madrid y a nivel nacional, aquellos que enarbolan la bandera del olvido obligado van a hacer todo cuanto sea posible por enterrar, como se enterró hace 80 años, de forma obligada todos los logros y pasos que en estos años hemos dado en todo lo relacionado a lo que, simplemente, es la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

En definitiva, y recogiendo el título de mi presentación, se nos presenta, lo queramos o no, una lucha intensa y decidida de aquellos que, simplemente nos definimos y consideramos demócratas, por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la reparación de aquellos cuyos derechos y cuya dignidad se intentó aplastar hace décadas y que ahora, sencillamente, piden que se repare. Ellos no piden demasiado, y para nosotros, para aquellos que queremos seguir construyendo un Sanse, un Madrid y una España más justa y democrática es un deber ético y moral que les debemos, que nos debemos.

Es hora, pues, de levantar la bandera de la verdad.

 

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14 de abril, una fecha para no olvidar

El 14 de abril de 1931 el pueblo español con su voto proclamó la 2ª Republica Española, con su voto, y no de otra manera. Con esperanza, voluntad y valores democráticos, intentaron transitar por el camino del progreso avanzando hacia un estado de Justicia Social. Quisieron  construir un país moderno, donde el respeto efectivo por los Derechos Humanos fuera el elemento central de su constitución.

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La pederastia en la Iglesia

Esa lacra vergonzante e indigna de la pederastia ha sido practicada impunemente por sacerdotes, obispos y cardenales sobre unas 120.000 victimas, y a las que habría que añadir miles de violaciones a monjas, mujeres nativas y niñ@s por misioneros alrededor del mundo.

Reconocer los abusos en la iglesia les ha costado siglos de historia, y pese a ello, la institución no aporta ningún dato sobre la pederastia en la iglesia.

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Ayuntamientos como “Altavoz” de las necesidades sanitarias de los vecinos y vecinas

En nuestro país, el marco de competencias de las administraciones públicas en materia de Sanidad hace que el papel fundamental en la gestión y desarrollo recaiga en las Comunidades Autónomas. La Ley General de Sanidad de 1986, marcó el ámbito competencial, dejando un papel secundario a las administraciones locales en el ámbito de la Sanidad Pública.

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La gran estafa de Más Sanse

Se da la paradoja de que Más Madrid, la marca de Carmena en la capital, tiene como objetivo crear un equipo cerrado donde no quepan Podemos, Izquierda Unida, La Bancada o Anticapitalistas, mientras que Errejón toma esa marca a nivel de la Comunidad de Madrid con el propósito de ser una fuerza aglutinadora donde “poner diferentes miradas a encontrarse en un proyecto compartido”. El absurdo llega a tal extremo que el ex número 2 de Podemos puso en marcha ese proyecto lanzando “un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía” rompiendo previamente para ello la fuerza política a la que pertenecía. Y lo hizo, como Carmena, porque no aceptaba unos compañeros de viaje elegidos democráticamente por las bases de los partidos que buscaban desalojar, por fin, a la derecha reaccionaria que lleva 24 años mirando más por sus intereses que por el de todas las madrileñas. Una curiosa forma de “abrir y sumar”. Leer más