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Presentación del Informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Iván Flores nos remite este interesante artículo que ha redactado acerca de la presentación mañana en Madrid del Informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

El pasado sábado 3 de junio tuvo lugar en la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes la presentación literaria de la novela “El Dragón Verde”, publicada por la Editorial Fanes y escrita por Gabriel Trejo González, ex jefe de la Policía Local de Algete, quien en el año 2014 fue destituido de su cargo, generando gran polémica y con la consecuente indignación de un amplio sector de la población para quienes fue totalmente injusta esta decisión, considerándola motivada por un enfrentamiento con la Guardia Civil de la localidad en torno a unos sucesos ocurridos. La novela, que en palabras del propio autor es una ficción -con aspectos coincidentes con la realidad- sobre torturas policiales, jueces y políticos permisivos con las prácticas poco éticas de algunos miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dio lugar a un interesante coloquio acerca del tema entre los ponentes y los asistentes al mismo.

Una semana después, el próximo viernes 9 de junio, va a tener lugar la presentación pública del nuevo Informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma que se constituyó en el año 2004 y está integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, asociadas con el objetivo prioritario de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, adoptado por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002. De forma anual la Coordinadora elabora un informe recogiendo aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes que pudieran ser incluidas dentro de la definición de tortura efectuada por la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por el Estado español, entrando en vigor en España en octubre de 1987:

“Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”.

Los casos de torturas y/o malos tratos denunciados públicamente en este dossier se producen en comisarías, cárceles, centros de menores y demás centros de detención del Estado español, y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.), teniendo en cuenta la certeza de que el número de denuncias reales por tortura y/o malos tratos en el Estado español es superior al número de denuncias incluidas en estos informes, que reflejan únicamente aquellas denuncias de las cuales se han tenido conocimiento y han podido contrastar.

Un hecho importante a tener en cuenta es la confirmación de la tendencia, observada en años anteriores, al aumento de personas que deciden no denunciar las agresiones sufridas. Entre los motivos principales se encuentran el miedo a sufrir represalias, la criminalización a la que se ven expuestas quienes denuncian, el temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de la autoridad y por la desconfianza manifiesta y motivada hacia los órganos, Tribunales de Justicia e instituciones encargados de investigar las agresiones. Este miedo se extiende, lógicamente, a la hora de comunicar las agresiones sufridas a los grupos de defensa de los Derechos Humanos.

Por otra parte hay que mencionar como la permanencia aún de la crisis económica ha servido de pretexto a los poderes públicos para, de forma totalmente interesada, disminuir de forma drástica en el mejor de los casos, en otros suprimir directamente, las ayudas y subvenciones para mantener las actividades en defensa de los Derechos Humanos de algunos colectivos y asociaciones que integran la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (la Coordinadora como tal no solicita y, por lo tanto, no recibe subvención alguna), provocando que varios grupos no hayan podido mantener las tareas de recabar información, asesoramiento y defensa de las personas torturadas y/o maltratadas, con la correspondiente disminución del número de casos conocidos.

Son denuncias presentadas principalmente por personas migrantes, personas presas, activistas que integran la pluralidad de movimientos sociales y menores en situación de privación de libertad, personas de distintos orígenes y condiciones sociales, que en muchos casos se ven en la más absoluta indefensión frente a las distintas Administraciones y que ven incluso cuestionada su propia condición de personas agredidas. Igualmente, en todos los casos, los agresores, en el momento de la agresión, eran funcionarios públicos o personas en el ejercicio de funciones públicas, o bien actuaban a instancia de funcionarios públicos o con su consentimiento.

Estas torturas, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Esta cruda realidad es la que ha venido rodeando los casos de tortura que se han venido produciendo con anterioridad, porque el sistema judicial español no da una respuesta adecuada a estos problemas: lentitud extrema en la tramitación de las denuncias, archivos sistemáticos de las causas, reconocimiento de las torturas pero sin condenar a los autores, etc. Son escasos e insuficientes para un autodenominado Estado de derecho los miembros de las distintas Fuerzas de seguridad del estado que son condenados por estos crímenes, produciéndose además el hecho de que, cuando la denuncia es firme, en muchos casos han sido indultados.

La presentación pública del nuevo Informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura tendrá lugar el próximo viernes 9 de junio.

11:30 Horas. Rueda de Prensa en Teatro del Barrio. Calle Zurita nº 20, en el madrileño barrio de Lavapiés.

19.00 Horas. Presentación del Informe al conjunto de los movimientos sociales en el espacio asociativo y librería Traficantes de Sueños, Calle Duque de Alba nº 3, Madrid.

Iván Flores

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