La memoria histórica se cuela en las elecciones

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Por primera vez en más de una década, las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones generales de este mes de abril de 2019 llevan, en alguna medida, propuestas relativas a la memoria histórica, lo cual evidencia que, frente a lo que dicen o quieren hace ver algunas formaciones, la temática de memoria histórica es un elemento que importa e interesa a una parte importante de los españoles

Sin duda los recientes debates en los últimos meses relativos a interpretaciones o re interpretaciones de la historia por parte de determinadas formaciones y el enquistado problema de la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos, así como el ya inevitable debate en torno a la memoria de los represaliados, la reparación y la búsqueda de la verdad de los últimos años ha  provocado que las principales formaciones parlamentarias, tanto de derecha (tradicionalmente hostiles a hablar de dicho tema) como de izquierda se hayan visto obligadas a hablar clara y nítidamente y posicionarse en torno a los debates memorialistas e históricos

Aunque no todos tratan el problema de igual manera, frente a un Podemos que aborda en profundidad y con gran cantidad de medidas hasta un Vox que limita el tema a la mera derogación o la ambigüedad siempre característica en este tema de Ciudadanos, podríamos a gran escala definir dos ejes de acciones políticas con respecto a las políticas de memoria en estas elecciones; un bloque progresista, liderado por PSOE y PODEMOS que, a grandes rasgos, apuestan por profundizar o conservar y ahondar en la política de memoria histórica, reparación, verdad y justicia, y un bloque conservador, liderado por PP y VOX que se mueve entre la reforma o directamente la derogación de dichos aspectos y temáticas.

En el primer caso, como dijimos, el partido que más se compromete en estas elecciones con la memoria histórica y democrática es PODEMOS, que en su programa recoge la memoria histórica tanto a nivel nacional como específica del colectivo romaní y apuesta por;

“Revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del franquismo.

También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares”.

Mientras que, específicamente, introduce la memoria histórica del pueblo romaní y apuesta por crear una;

“Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas….. para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante”.

En el mismo bloque, el PSOE, partido actualmente en el gobierno, autor de la famosa Ley de Memoria Histórica del año 2007 durante el gobierno socialista de Zapatero y objeto de las principales críticas por parte de los conservadores españoles apuesta, de una forma más moderada y limitada, por dar;

“Un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Estado asumirá directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro”.

En el bloque contrario, encontramos a las dos principales fuerzas del bloque conservador que de una forma más abierta han criticado todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática, y que se ha manifestado en la práctica ya con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía salido de las pasadas elecciones autonómicas de finales del 2018 formado por el PP con los votos de Ciudadanos y VOX, que exigió ya desde la campaña electoral  erradicar de una forma total y absoluta a la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada por la Junta de Andalucía hace dos años, y sustituirla por una legislación de “concordia” abstracta, poco clara y aun no bien definida ni por los miembros de VOX ni por el nuevo gobierno andaluz, que ha dejado en el aire qué tipo de nueva legislación va a quedar aprobada, aunque es claro ya su firme compromiso por erradicar, al menos ya en Andalucía toda la legislación autonómica realizada ya en materia memorialista.

En este sentido el más duro de ambos es, como es evidente, el programa de VOX, que se limita a pedir la;

“Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”.

Es decir, una política claramente punitiva y represiva limitada a derogar lo ya realizado sin apostar por una alternativa o un compromiso positivo en lo relativo a materia memorialista e histórica. Por otro lado, el PP, y en este sentido llama la atención por ser la primera vez en 40 años que dicho partido presenta propuestas y medidas en lo relativo a la memoria histórica manifiesta que;

“Aprobaremos una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica. Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles”.

Básicamente, en la misma linea y programa que el PP andaluz de Moreno Bonilla que, sin embargo, no ha definido ni especificado en qué va a consistir esa Ley de Concordia, quien se va a beneficiar, a quien va a atender y en base a qué criterio se puede equiparar a víctimas, quienes se consideran las “otras” víctimas no republicanas cuya memoria y derechos deban ser reparados y que no lo hayan sido ya durante los 40 años del régimen franquista, y qué  se piensa hacer con todo el entramado asociativo creado ya hace más de una década en este país en lo relativo a personas, asociaciones y programas locales y provinciales de recuperación de memoria, fosas, reparación de daños, búsqueda del pasado y la verdad y justicia para los represaliados.

Entre medias de ambos bloques, como decimos, un Ciudadanos cuyo programa aun no queda claro y que nunca se pronuncia con claridad y nitidez en estos temas, por su tendencia histórica a contentar a votantes de todos arcos políticos.

A pesar de ello y del interés mostrado por algunos partidos, la falta de consenso y de una acción conjunta parece que seguirá enquistado un problema, el de la memoria histórica, que no parece tener a corto plazo una solución clara por la falta de coordinación en el tema, como muy bien ha definido recientemente Alberto Reig;

“Si verdaderamente se quiere terminar con esta cuestión, dado que las víctimas de los vencedores las tienen cristianamente enterradas, beatificadas, honradas y recordadas en sepulturas dignas, la solución es bien sencilla: hacer un pacto de Estado entre todos los partidos para que no quede ni un solo español mal enterrado. Entonces acabará definitivamente la Guerra Civil”.

 

En definitiva, y como dije en el primer artículo de la columna, en estas elecciones y por ello en el futuro próximo español que se abre con estas nuevas elecciones, se nos abren dos tipos de propuestas; frente a un bloque progresista pluripartidista que apuesta por mantener, profundizar y ahondar en la memoria histórica de los represaliados, de las víctimas y de los que han padecido por traer los derechos y libertades de los que ahora gozamos en nuestro país, se abre un bloque conservador a dos, principalmente, que se mueve entre la ambigüedad de una “concordia” abstracta e indefinida y entre, abiertamente, un ataque frontal, punitivo, represivo y combativo a todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática y la reparación de los luchadores por las libertades colectivas.

Lo que queda claro de esta campaña es que, por primera vez en 40 años, por primera vez desde los duros años de la transición española en los años 70, la memoria histórica y democrática entra en la agenda política de las fuerzas políticas nacionales, reivindica su espacio en el debate político y parlamentario y evidencia que, al menos de momento, llega para quedarse y manifiesta claramente que el pasado, frente a lo que nos han querido decir en las últimas 8 décadas, importa y afecta a los españoles.

La lucha por la memoria

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Tener memoria histórica nos permite disponer del conocimiento necesario para afrontar el futuro en clave de progreso“. Francisco González Vicente

Que sean mis primeras palabras y mi presentación con esta columna en Esloquehay de agradecimiento y orgullo por la confianza puesta en mi trabajo, mis conocimientos y mi experiencia. Escribir, a día de hoy, una columna periódica en un medio serio, riguroso y responsable como éste, es una gran tarea y una gran responsabilidad, pero es sobre todo, un deber y un compromiso con el presente, y especialmente, con el futuro.

Es, por ello, con una preciosa y precisa frase acerca de la necesidad de la memoria como compromiso para construir un futuro mejor y más justo, tomada de mi predecesor en materia de memoria en esta página, como he decidido abrir esta primera columna de presentación y tratar de explicar por qué es necesario, a mi juicio la memoria histórica y la lucha intensa que es necesario abrir en nuestra sociedad para ella.

En primer lugar, me gustaría explicar, brevemente, qué entiendo yo por memoria histórica, y en ese sentido, por qué es necesario tener una política de memoria presente en nuestra sociedad. 

La historia, además de su papel puramente académico o como herramienta de apoyo a las necesidades humanas, es frecuentemente un campo de batalla de las ideologías más dispares, y frecuentemente su uso se justifica para defender determinados posicionamientos ideológicos, lo que ha provocado que el pueblo en general tenga un punto de vista negativo de la historia como algo parcial, subjetivo y poco fiable.

Recientemente, el auge de determinados partidos ha provocado todo un torbellino de reacciones que han derivado en la historia, al reclamar dichos partidos un mayor peso en la historia de hechos del pasado histórico español, como la reconquista cristiana, la colonización de América  o la época del imperio español, y más recientemente al reclamar un rechazo frontal y absoluto a todo lo relativo a la memoria histórica, plasmado en sus compromisos de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada por la Junta de Andalucía hace dos años, y sus constantes actitudes de desafío a aquellos que llevan años trabajando por recuperar la memoria de las víctimas represaliadas del régimen franquista.

Pero también, cuando les interesa, usando la memoria histórica del periodo republicano para sus causas políticas, tal y como pudimos comprobar hace unos días con la firma de algunos de estos partidos de un compromiso con los sectores más ultras defensores de “la integridad” del Archivo de Salamanca, fondo documental de la guerra civil que entró en polémica durante el gobierno socialista de Zapatero, el cual se comprometió a devolver los documentos relativos a dicho periodo que fueron expoliados a Cataluña (como a todas las regiones españolas) por parte del régimen franquista, y que no supone un compromiso de estos partidos con las justas reivindicaciones memorialistas, si no que esconde una nueva artimaña para alinearse con lo más reaccionario del panorama historiográfico español y utilizar, cuando les interesa, la historia y la memoria para castigar a una parte de la población.

Para algunos, la historia y la memoria la entendemos como la búsqueda y explicación del pasado, una historia que sirva para comprender, una historia que reconstruya el pasado y en resumen una historia que sirva para buscar nuestra identidad y personalidad como colectivo.

Por otro lado, debe ser también la historia algo práctico, un servicio para ayudar a las personas a nivel individual a entenderse a sí mismas y a buscar su identidad como personas dentro de la identidad colectiva como sociedad. En esta tarea, se han empeñado, desde hace más de una década con la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de los diversos Foros por la Memoria, aquellos que defienden y trabajan por una verdadera memoria histórica, desapasionada en lo ideológico, pero pasional en la defensa de la sociedad, y de los derechos de aquellos familiares y víctimas que, desde hace 80 años, han sufrido el olvido, la humillación y el silencio impuesto de forma obligada durante los 40 años de franquismo y de forma “sugerida” durante estos últimos 40 años de régimen democrático.

Y es que, como sabemos muy bien aquellos que llevamos años trabajando en los archivos, pero también con los familiares que sufrieron la represión franquista, la búsqueda de la identidad es una necesidad humana, psicológicamente identificada e históricamente comprobada, y el historiador y la historia, sin manipulaciones, sin manuales preconcebidos o ejes ideológicos fijados, debe jugar un papel central en la sociedad para guiar a los individuos en el camino de poder encontrarse  sí mismos, y solo cuando entendamos la historia de forma desmitificada y racionalizada podremos encontrarnos a nosotros mismos como personas y como sociedad, aceptarnos y convivir entre nosotros.

En nuestro Sanse, algunos entendemos y apreciamos el trabajo hecho recientemente durante estos últimos 4 años de legislatura por parte de los partidos progresistas del Ayuntamiento, de los familiares de los represaliados, de la Comisión de la Verdad, y de la sociedad civil en general en materia de memoria histórica, y que se ha materializado en  el pleno municipal de abril de 2016 con el reconocimiento público a los represaliados del franquismo, la apertura del Rincón de la Memoria en El Caserón, la colocación de una placa homenaje a las víctimas del franquismo en uno de los laterales del Ayuntamiento, la colocación en el Centro Municipal de Formación Ocupacional de un mural conmemorativo dedicado a todos los represaliados víctimas de la dictadura y la contribución, conjuntamente con otros consistorios municipales del norte de Madrid, a la colocación de un gran mural en conmemoración a todos los vecinos del norte de la capital, entre ellos de Sanse, que fueron fusilados en 1939 en Colmenar Viejo y enterrados en una fosa común del cementerio, donde aún hoy en día se encuentran.

Todo ello ha evidenciado que, desde hace 4 años, y es justo decirlo y reconocerlo, a diferencia de lo hecho en las últimas 8 décadas de historia municipal, se han dado grandes pasos en este tema, y que Sanse es ya una ciudad sensible y sensibilizada con las justas reclamaciones de la memoria histórica.

Pero no nos debemos engañar; ante nosotros se abre una amenaza y una lucha futura muy dura que va a amenazar seriamente los derechos de los represaliados y familiares y la existencia misma de la memoria. El incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de forma sistemática por parte de muchos ayuntamientos locales  y diputaciones provinciales en los últimos 12 años, el recorte presupuestario en temas de memoria histórica, localización de fosas y reconversión memorialística de los lugares de la represión franquista por parte de los casi 8 años de gobierno del PP de Mariano Rajoy y las trabas, tirones y dificultades evidenciadas durante el reciente gobierno socialista de Pedro Sánchez, especialmente evidenciado en el tema del Valle de los Caídos, y la oposición frontal de los partidos de la derecha conservadora, nos hacen temer de forma muy justificada que tanto a nivel local en Sanse, autonómicamente en Madrid y a nivel nacional, aquellos que enarbolan la bandera del olvido obligado van a hacer todo cuanto sea posible por enterrar, como se enterró hace 80 años, de forma obligada todos los logros y pasos que en estos años hemos dado en todo lo relacionado a lo que, simplemente, es la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

En definitiva, y recogiendo el título de mi presentación, se nos presenta, lo queramos o no, una lucha intensa y decidida de aquellos que, simplemente nos definimos y consideramos demócratas, por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la reparación de aquellos cuyos derechos y cuya dignidad se intentó aplastar hace décadas y que ahora, sencillamente, piden que se repare. Ellos no piden demasiado, y para nosotros, para aquellos que queremos seguir construyendo un Sanse, un Madrid y una España más justa y democrática es un deber ético y moral que les debemos, que nos debemos.

Es hora, pues, de levantar la bandera de la verdad.

 

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